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Juan Carlos Romero


Junto a Sonia Escudero nos opusimos firmemente a la designación de la ex funcionaria del gobierno nacional por el fracaso de su gestión en el Ministerio de Seguridad y porque se negó sistemáticamente a recibirnos para abordar la problemática de la inseguridad y el avance del narcotráfico en la frontera salteña.


El gobierno quiere premiar a alguien que demostró mala praxis en materia de seguridad. Sabemos si que realizó un curso de chavismo los años que ocupó la embajada argentina en Venezuela, que es justamente uno de los países más inseguros de Latinoamérica. Eso le sirvió de experiencia para no hacer nada en nuestro país, donde la inseguridad crece a pasos agigantados. En el norte lo comprobamos a diario.


Es notoria la falta de voluntad y de interés de la ex ministra en resolver el problema de inseguridad y avance del narcotráfico en la frontera. En estos últimos años el gobierno nacional destinó 6000 gendarmes al conurbano para combatir el delito, lo que significó el abandono del norte de nuestro país. Por su parte, el juez federal de Orán Raúl Reynoso ha pedido 1000 gendarmes más para reforzar la seguridad en la zona. También, fuimos testigos del traslado de la gendarmería en el departamento San Martín (desde Salvador Mazza a Aguaray) dejando una amplia franja que es tierra de nadie.


Las consecuencias están a la vista, la criminalidad creció en la provincia. En lo que va del año se produjeron 37 crímenes, algunos con claro sello mafioso; además prolifera el canje de vehículos de alta gama por drogas y se multiplica la presencia de extranjeros en la frontera -en su mayoría provenientes de Colombia- y hasta el propio jefe de Policía en Salta dice que no puede hacer nada porque son refugiados.


De ninguna manera podemos premiar la negación, la desidia, y la ineficiencia en la gestión, envié una nota a la Presidenta de la Nación para trabajar en la coordinación de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para frenar la violencia e inseguridad que padecen los salteños.

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