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Junto a Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte de Justicia de la Nación

  Ricardo Lorenzetti recibió a Sonia Escudero, Juan Carlos Romero, Ricardo Alonso y Virginia Cornejo. La presencia de la Justicia Federal en la zona de  frontera, la lucha contra el narcotráfico y el contrabando fueron los ejes del encuentro.
Los senadores nacionales Juan Carlos Romero y Sonia Escudero y los diputados provinciales Ricardo Alonso (Frente Salteño) y Virginia  Cornejo (PPS) fueron recibidos en la tarde de ayer por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetto.
Durante el encuentro que se desarrolló en el despacho del titular de la Corte en el Palacio de Tribunales, los legisladores y el presidente del  máximo tribunal del país conversaron acerca de las problemáticas en  materia de seguridad y de justicia existentes en Salta, derivadas de su  situación de “provincia fronteriza”.
En ese contexto los representantes salteños se refirieron a la necesidad  de reforzar la presencia de la justicia federal en la provincia de Salta,  en especial en el norte, donde el único juzgado federal en funcionamiento  el juzgado de Orán tiene en trámite unas 19.800 causas, en su  mayoría vinculadas con delitos de tráfico de drogas y otros ilícitos  tales como el contrabando y la trata de personas.
En tal sentido los representantes salteños plantearon la necesidad de  acelerar el trámite en el Consejo de la Magistratura para lograr la puesta  en marcha del Juzagado Federal de Tartagal, aprobado por ley nacional en  2011, así como el apoyo del presidente del máximo tribunal para la  construcción del edificio que albergará a los tribunales federales en esa  ciudad en el menor tiempo posible. Las vacantes en la Justicia Federal de  la provincia de Salta fue otro de los ejes de la reunión entre los  parlamentarios y el Dr. Lorenzetti.
Finalmente, los legisladores recordaron que se encuentra pendiente en la  Corte Suprema de Justicia de la Nación, un recurso extraordinario  presentado por la asociación de consumidores CODELCO, que pide declarar la inconstitucionalidad del decreto 2067/08 por el cual se implementó un  polémico cargo tarifario en el servicio de gas natural para usuarios de  todo el país, lo que trajo aparejado aumentos significativo en las boletas  de gas de uso domiciliario.

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