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El abogado Oscar Pedro Guillén calificó hoy como “una persecución política y judicial inadmisible” la decisión del juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino de hacer lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la Fiscalía.


“Este accionar de la Fiscalía y del juez (ambos recientemente designados) sigue claramente el plan del gobierno provincial, y sienta otro grave precedente institucional para la provincia”, aseveró.


“Es evidente que quieren acallar las voces de los que piensan distinto, como ocurre con los opositores en Venezuela”, agregó Guillén. Y observó que “no es casual que ocurra cuatro días después de las elecciones generales; es una de las tantas prácticas funestas del kirchnerismo, que afortunadamente los argentinos abandonaremos en poco tiempo”.


El senador Juan Carlos Romero viene compareciendo a derecho y declarando por escrito (como lo puede hacer cualquier persona) en cada uno de los llamados que le hizo la Justicia, tal como se lo permite la ley vigente y como consta en su página web. “Nunca tuvo una postura reticente, sólo que no se prestará a ningún show mediático como el que pretende el Gobierno Provincial”, afirmó Guillén.


Esta aplicación de la ley penal del enemigo a Romero tiene una velocidad muy distinta a los casos de la gente común -que demanda justicia sin encontrarla hace años-. Esos tiempos también son distintos a los nunca resueltos planteos de inconstitucionalidad del nuevo Código Procesal Penal -del que se vale el oficialismo para acosar a Romero- que duerme hace dos años en la Corte de Justicia. Así están las cosas en Salta para las garantías constitucionales y las libertades públicas.


Sería muy bueno que el periodismo, que difunde estas noticias, indagara un poco -aunque sea un poco- lo que ha sucedido en nuestra provincia en los últimos años en materia de designaciones de magistrados, en la ampliación de número de jueces de la Corte y en la reforma penal reaccionaria que se ha implementado.


23 de Mayo de 2015

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