DEFENDEMOS EL FEDERALISMO RESPETANDO LA CONSTITUCION Y POR ESO NO ACEPTAMOS QUE LAS PROVINCIAS SEAN REHENES DEL GOBIERNO NACIONAL.


Ante la vergonzosa solicitada que firmaran 14 gobernadores conteniendo calumnias e injurias contra los senadores nacionales que votáramos en forma positiva la modificación de la denominada “ley de cheque”, es que nos vemos obligados a realizar algunas aclaraciones.

1- Las leyes impositivas se aprueban por mayoría simple. La mayoría especial del art.75 inciso 3 de la Constitución se necesita cuando se quiebra el principio de que todo impuesto es coparticipable. No se necesita esta mayoría para sumar recursos a las provincias.

2- No es cierto que fue una medida inconsulta. Se hicieron convocatorias y se recibió a los gobernadores que no tenían que pedir permiso para venir a las audiencias públicas. No recibimos notas de ninguno de los gobernadores que dicen ahora verse gravemente perjudicados con la coparticipación del impuesto al cheque.

3- La media sanción aprobada por el Senado significa para las provincias argentinas entre $8.000 y $10.000 millones de pesos de distribución automática más cada año para atender las necesidades locales. Que los gobernadores expliquen en sus provincias porqué no necesitan esta plata.

4- El Presidente del Senado actuó en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Siempre intentó generar espacios de consenso y diálogo que fueron rechazados automáticamente por el oficialismo.

5- Recordemos que el vicepresidente Cobos fue elegido democráticamente por el pueblo argentino para cumplir el cargo que correctamente ejerce desde el año 2007, y como efectivamente no es un senador no es responsable ni de lo que se discute ni de lo que se vota.

6- Con la coparticipación plena del impuesto al cheque no estamos obstaculizando ni desfinanciando al Estado Nacional, estamos ejerciendo la labor de defender el sistema constitucional federal para que las provincias sean autosuficientes y sus gobernadores no deban hacer solicitadas para pagar los sueldos en sus provincias.

7- Pretendemos que los recursos del Estado no sean utilizados como herramientas de presión política. La gobernabilidad no debería verse afectada por coparticipar un impuesto que la Presidenta quiere derogar el año entrante, a menos que ese dinero se utilice con fines poco transparentes.

8- Los mandatarios que firmaron esta solicitada, no están actuando como gobernadores de un país democrático y federal, sino que su actuar se asemeja más al de meros delegados de un sistema dictatorial.
Rechazamos la solicitada en todos sus términos y le recordamos a los gobernadores que ellos no son órgano de revisión de las decisiones legislativas que toma el Congreso de la Nación.

Ratificamos plenamente la constitucionalidad de lo aprobado por la Cámara de Senadores, pues la derogación de una afectación específica no requiere de mayoría especial, siendo una excepción que no puede ser aplicada por analogía.